(Multimedia) Tribunal declara inocente a expresidente colombiano Uribe por delitos de soborno y fraude procesal

BOGOTÁ, 21 oct (Xinhua) — El Tribunal Superior de Bogotá revocó este martes la condena de 12 años de prisión domiciliaria impuesta al expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), quien fue condenado en primera instancia el pasado 1 de agosto por los delitos de soborno y fraude procesal.

De acuerdo con la sentencia en segunda instancia, leída por el magistrado Manuel Merchán, el material probatorio no es suficiente para demostrar que el exmandatario fue determinador de los sobornos a testigos en cárceles colombianas hechas por su abogado, Diego Cadena.

Además, consideró ilegales las interceptaciones de las conversaciones telefónicas entre Uribe y Cadena, reveladas por la Fiscalía durante el juicio, y ordenó excluirlas como prueba al considerar que fueron ilícitas y excedieron los fines legales establecidos.

“Hubo vulneración al derecho a la intimidad”, aseguró el magistrado durante la lectura a la que asistió virtualmente Uribe, líder del partido Centro Democrático (derecha) junto con su abogado y las víctimas acreditadas en el caso.

“La sentencia de primera instancia incurrió en errores metodológicos, falacias interpretativas y valoración sesgada de pruebas, al construir inferencias sobre subordinación funcional y dolo sin respaldo objetivo”, explicó Merchán.

Ante esto, el presidente Gustavo Petro lamentó en su cuenta de X la decisión del Tribunal y aseguró que “así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia” y la historia de los políticos que, según él, han llegado al poder en Colombia en alianza con el narcotráfico.

“El Tribunal Superior de Bogotá repite la historia, contradice a la Corte Suprema de Justicia, y afirma que la interceptación que judicialmente hizo un magistrado de la Corte Suprema a un delincuente, en donde aparece la voz de Uribe hablando de sobornos, es intimidad”, señaló.

“Ahora (Donald) Trump, aliado con estos políticos y con Uribe, buscará la sanción al presidente que denunció en su vida, las alianzas entre el poder político colombiano y el narcotráfico paramilitar en Colombia, y lo hace con la ayuda de quienes ayudaron al paramilitarismo en el país”, agregó.

El mandatario colombiano convocó a los ciudadanos para recolectar firmas “del poder constituyente” el próximo viernes en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

La condena a Uribe en primera instancia fue tomada por la jueza Sandra Heredia, quien además inhabilitó a Uribe para ocupar cargos públicos durante 100 meses y 20 días e impuso una multa de 2.420,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes (unos 3.400 millones de pesos colombianos).

Aunque Heredia había ordenado su detención inmediata y la prisión domiciliaria hasta que se definiera la segunda instancia del fallo condenatorio, 18 días después el Tribunal Superior de Bogotá revocó esa orden y Uribe fue dejado en libertad.

El caso de Uribe Vélez se remite a 2012, cuando el senador Iván Cepeda (izquierda) presentó un debate en el Congreso que incluyó testimonios de exparamilitares que señalaron a Uribe y a su hermano, Santiago Uribe, de fundar y liderar el Bloque Metro, un frente paramilitar de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El expresidente Uribe acusó a Cepeda, hoy precandidato presidencial, ante la Corte Suprema de Justicia por presuntamente sobornar a otros exparamilitares en varias cárceles para que declararan en su contra y lo asociaran con narcotráfico y paramilitarismo.

De manera inesperada, la Corte Suprema de Justicia archivó la acusación contra el senador Cepeda en 2018 y simultáneamente abrió una investigación contra el expresidente Uribe, quien decidió renunciar a su curul en el Senado para ser juzgado por la justicia ordinaria ante la cual rindió indagatoria en 2019.

En 2020, el exmandatario recibió casa por cárcel de manera preventiva por el riesgo de obstrucción a la justicia y su caso llegó a la Fiscalía, liderada en ese momento por Francisco Barbosa, quien solicitó la preclusión del caso mientras una juez revocó la medida de aseguramiento ordenada por la Corte Suprema de Justicia.

Entre 2021 y 2023 dos jueces negaron la solicitud de preclusión del caso y en abril de 2024 una nueva Fiscalía anunció el llamado a juicio a Uribe, quien en mayo del mismo año fue acusado formalmente, convirtiéndose en el primer exmandatario colombiano en enfrentar un juicio.