Lula pide una investigación por la “masacre” en favelas de Río de Janeiro tras operativo con 121 muertos

SAO PAULO, 5 nov (Xinhua) — El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó este martes como una “masacre” la operación policial realizada la semana pasada en dos conjuntos de favelas de Río de Janeiro, que dejó 121 personas muertas, y anunció que el Gobierno federal solicitará una investigación exhaustiva sobre las circunstancias del operativo. Durante una entrevista concedida a agencias internacionales de noticias, entre ellas Xinhua, el mandatario explicó que, aunque la operación ha sido considerada como “un éxito” por el número de detenciones y decesos, no lo es “desde el punto de vista de la actuación del Estado”. El presidente ofreció las declaraciones en la ciudad de Belém, capital del estado amazónico de Pará, donde el jueves y viernes se celebrará la Cumbre de Líderes de la 30ª Conferencia de las Partes (COP30) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Lula da Silva abordó la problemática del crimen organizado en Brasil y América Latina, y se refirió en particular a la operación del martes pasado en Río de Janeiro, considerada la más letal en la historia del país, con un saldo de 121 muertos, entre ellos cuatro policías. El operativo, llevado a cabo por la Policía del estado de Río de Janeiro, tenía como objetivo desarticular a la organización criminal Comando Vermelho (Comando Rojo), dedicada al narcotráfico. El presidente explicó que su Gobierno busca mecanismos que garanticen una investigación independiente del caso. “Estamos intentando ver si los peritos de la Policía Federal participan en la investigación del proceso. Vamos a ver si conseguimos hacerlo, porque la decisión del juez era una orden de prisión, no una orden de masacre y hubo una masacre. Es importante especificar en qué condiciones se dio”, subrayó Lula da Silva. Horas después de la entrevista, el mandatario escribió en su cuenta de la red social X sobre el tema, destacando el envío al Congreso de un proyecto de ley anticrimen organizado, que endurece las penas para los delitos vinculados a organizaciones criminales, y la Propuesta de Enmienda Constitucional de Seguridad Pública, que refuerza la coordinación entre las fuerzas policiales. La semana pasada, el Gobierno federal sancionó una ley que establece penas de prisión para quienes planifiquen ataques o amenazas contra autoridades que combaten el crimen organizado. La normativa también criminaliza la obstrucción de operaciones contra las bandas delictivas.