(Multimedia) Gobierno boliviano respalda iniciativas legislativas para sancionar bloqueos de caminos

LA PAZ, 12 ene (Xinhua) — El Gobierno de Bolivia anunció hoy el respaldo a iniciativas legislativas destinadas a sancionar com penas de carcel los bloqueos de caminos, una histórica forma de protesta  en el país que, según el Ejecutivo, ha provocado daños económicos millonarios y agravado la crisis interna de gobernabilidad.

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, dijo en rueda de prensa que el Gobierno apoyará cualquier proyecto de ley que busque frenar esta práctica utilizada en las protestas reivindicativas y confirmó que la iniciativa será impulsada desde la Asamblea Legislativa.

Lupo sostuvo que “el 80 por ciento de la población está en contra de la cultura del bloqueo, la violencia y la intransigencia”, y defendió el diálogo como el único mecanismo legítimo de resolución de conflictos.

“Todos perdemos, no hay quien gane; es lo más irracional que se puede hacer, porque el perjuicio es para todos”, declaró.

El ministro subrayó el impacto económico de las protestas, al señalar que los bloqueos generan pérdidas estimadas en 20 millones de dólares cada día, una cifra que, según dijo, duplica el ahorro diario obtenido por la eliminación del subsidio a los carburantes.

En ese contexto, el Ejecutivo buscará que la Asamblea Legislativa apruebe una ley, insistiendo en que el derecho a la protesta seguirá garantizado.

Según Lupo, la normativa debe estar orientada a proteger a los ciudadanos, preservar la economía y otorgar mayor seguridad jurídica a los inversionistas.

En la agenda parlamentaria figuran al menos tres proyectos de ley que proponen endurecer las sanciones contra los bloqueos, con penas de hasta 20 años de prisión y la tipificación de esa práctica como un delito contra la seguridad alimentaria y la salud.

A su vez, la diputada oficialista del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Claudia Bilbao, dijo que “Todos pueden protestar, pero no afectar el derecho de otro”, al señalar que la normativa debe evitar perjuicios a la población y mejorar el clima para la inversión.

Desde la oposición, la legisladora Lissa Claros subrayó la necesidad de construir consensos para mejorar los proyectos y evitar vulneraciones a derechos fundamentales.