Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia convoca a diálogo nacional para reformar sistema judicial
LA PAZ, 21 oct (Xinhua) — El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia, Romer Saucedo, anunció hoy martes la convocatoria al Primer Diálogo Interinstitucional para la Reforma Judicial, que se celebrará el 9 de noviembre en la ciudad de Sucre, un día después de la posesión del presidente electo Rodrigo Paz Pereira y del inicio del próximo Poder Legislativo. El encuentro busca sentar las bases de una reforma estructural del sistema judicial boliviano, una de las demandas más persistentes de la ciudadanía y que figura entre las primeras promesas de la próxima administración. “Convocaremos como Órgano Judicial al diálogo interinstitucional para la reforma judicial (…) Lo hacemos con la finalidad de seguir trabajando en la construcción de una justicia que le sirva al pueblo boliviano, de una justicia más cercana, pero sobre todo que le brinde soluciones estructurales”, dijo Saucedo en conferencia de prensa. El anuncio coincide con la propuesta expresada por el presidente electo Rodrigo Paz, quien anunció el lunes que una de sus primeras medidas como mandatario será impulsar una cumbre nacional de justicia. El TSJ confirmó que Paz Pereira participará de la cita y valoró su compromiso público. “Tomamos la palabra al presidente electo, quien se ha comprometido a reforzar el trabajo que venimos realizando como Órgano Judicial”, subrayó Saucedo. Los ejes para una reforma estructural propuestos son: Presupuesto y sostenibilidad institucional del Órgano Judicial; Reformas normativas orientadas a modernizar el marco legal; Desarrollo tecnológico y digitalización de los procesos judiciales y la Carrera judicial, con énfasis en la meritocracia, la capacitación y la independencia de los jueces. Según Saucedo, el objetivo es generar una agenda común entre los poderes del Estado y los actores vinculados al sistema judicial. A la cumbre serán convocados representantes del futuro Gobierno, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Agroambiental, la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría, Defensa Pública, Régimen Penitenciario y colegios de abogados. También participarán universidades públicas y privadas, que aportarán propuestas técnicas y académicas para la reforma. Fin
